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El intento de las normativas municipales por acabar con la contracultura llega demasiado lejos con la muerte de un joven graffitero en San Cristóbal

Todos los días tenemos que escuchar noticias desagradables sobre muertes, genocidios, guerras, asesinatos y demás barbaries y todo esto parece que nos insensibilice de tal manera hasta verlo normal. La guerra que han declarado miles de ciudades del planeta en contra de los graffiteros ha llegado demasiado lejos y ha tenido un episodio fatal, la muerte de “El Burla” un chaval graffitero de 16 años de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México.

El pasado miércoles 27 de mayo, Víctor Martín Penagos Estrada “el Burla”, fue asesinado por Nicolás Gómez Sántiz, presunto guardia de seguridad del hotel Maya Quetzal de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. De acuerdo a testimonios recibidos, “el Burla” se encontraba con algunos de sus amigos, realizando una pieza de graffiti cuando recibió los dos disparos que le quitaron la vida.

Se da un fenómeno mundial, sobre todo en ciudades turísticas, en declarar la guerra a colectivos que no ven o viven la ciudad como sus gobernantes querrían y entre ellos están los graffiteros, además de activistas, skaters, prostitutas, sin techo, drogodependientes, músicos de la calle, etc. No tienen cabida en el modelo de ciudad moderna, segura y turística. Barcelona que está entre ese tipo de ciudades, ya sacó adelante su normativa del civismo hace cuatro años y le ha servido para meter dentro de un mismo paquete a diferentes colectivos que no comparten el modelo de ciudad del ayuntamiento. Dicha normativa ha servido de modelo para que otras ciudades se sumaran y atacaran varias problemáticas de una tacada y con la represión y la sanción como norma habitual. En su momento fue Nueva York quien empezó a vender estos modelos de civismo, pero mas a la americana, denominados “Tolerancia Cero”, modelo que fue exportado a la Ciudad de México, entre otras ciudades.

Y bajo este clima de criminalización y estigmatización hacia este tipo de colectivos, el ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, declara la guerra a los graffiteros. El pasado 29 de marzo, se realizó una Sesión Ordinaria del Cabildo, en la cual, el Presidente Municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, manifestó que “…últimamente se han incrementado de manera irracional las pintas (llamadas erróneamente graffiti) en diversos inmuebles tanto públicos, como particulares; por lo que, somete a consideración del Cabildo, la siguiente propuesta: implementar una sanción pecuniaria a quienes se les sorprenda realizando pintas en inmuebles tanto públicos, como particulares, siendo ésta por la cantidad de 20.000 pesos mexicanos (1.200 euros), otorgando una gratificación de 5.000 pesos, (300 euros) a la persona que denuncie y/o detenga con hechos verídicos al responsable de estos hechos. Por otro lado, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, notificar a los establecimientos que expenden pinturas, que se abstengan de vender pinturas en spray a menores de edad; así también, solicitarles que cuenten con un registro de personas a quienes se les vende este producto, sugiriéndoles que le requieran al cliente copia de algún documento de identificación”, según consta en el acta de la Sesión. Por acuerdo unánime de los asistentes, se tomó el acuerdo.

Este tipo de normativas, teniendo en cuenta que la policía mexicana figura segunda en el ranking de policías corruptas, se vuelve muy peligroso para la ciudadanía en general y como no para los mas jóvenes. Cuando se da un caso de estos con guardias de seguridad, que suelen ser intentos fallidos de policía, la cuota de poder que le da el arma, acaba haciéndose justicia pistolera y esta vez acabó con la vida de “El Burla”.

La medida municipal tomada contra las personas que realizan graffiti en la ciudad, lejos de ayudar a abrir cauces de diálogo y entendimiento entre autoridades y jóvenes, ha generado enfrentamientos y polarización en la opinión pública, propiciando un ambiente de hostigamiento y estigmatización de los jóvenes.

A lo anterior se suman las medidas que desde el año pasado el Ayuntamiento ha tomado contra todo tipo de manifestaciones culturales en espacios públicos, con la intención de mantener una imagen de la ciudad que favorezca la afluencia turística.

Estas medidas de limpieza social conllevan a la exclusión, marginación y violación de derechos humanos, principalmente en los colectivos que nombrábamos antes, quienes son considerados por los ayuntamientos como no rentables y molestos para el modelo de ciudad que se busca.

Cuando las propias autoridades de las ciudades no fomentan el dialogo y el entendimiento entre diversas maneras de vivir la ciudad, las normativas y leyes municipales como estas, hacen que el abuso de autoridad y la impunidad aumenten, y así es difícil conseguir un clima social optimo, pero está claro que en modelos capitalistas de ciudad, están los que sobran y están los que se merecen estar. Que no vendan más democracias baratas y que lo digan claro, para vosotros no hay sitio en esta ciudad, y la última palabra ya la dirá la gente.