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(Actualizado a 8 de octubre)

El pasado martes 4 de octubre, La Policía Nacional detuvo en Lleida al MC Pablo Hasél, por presuntamente cometer un delito de apología del terrorismo al ensalzar a un miembro de los Grapo en una canción.

La detención fue realizada por orden de la Audiencia Nacional, a las 10:30h de la mañana en plena calle, donde Pablo fue esposado y conducido a su casa para registrarla en busca de pruebas incriminatorias. Según cuentan familiares y amigos, se llevaron el ordenador de su madre y el de su hermana, así como un montón de libros. Después, los agentes se lo llevaron a punta de pistola en un furgón rumbo a Madrid, hacia la Audiencia Nacional.

Pablo fue puesto en libertad el miércoles 5, y deberá comparecer cada 15 días en el juzgado, ya que se mantiene su imputación por enaltecimiento del terrorismo. En un auto muy breve, de apenas dos folios, el juez de la Audiencia Nacional hace referencia a 12 archivos de vídeo colgados en YouTube en los que el imputado se refería a grupos terroristas como los Grapo, ETA, Al Qaeda o Terra Lliure.

Tras el arresto el pasado martes 3 de octubre, se puso en marcha una campaña de protesta en redes sociales como Twitter, en la que bajo el hashtag '#libertadHasel' se denunciaba que la Policía había registrado el domicilio de Pablo durante tres horas y después se había llevado ordenadores, libros y diverso material.

Ya son conocidos los parámetros de actuación de la Audiencia Nacional, una institución judicial heredera del Tribunal de Orden Público de la Dictadura Franquista, y especialmente conocida por perseguir la libertad de expresión, cuando se trata de temas "delicados" como la Corona, cargos políticos o todo lo relacionado con la lucha armada o reivindicaciones soberanistas.

Aunque la libertad de expresión es un derecho que la Constitución Española, a través de su Artículo nº 20, otorga a todos los ciudadanos españoles, la Audiencia Nacional tiene el poder suficiente dentro del Estado como para ningunear este derecho y pisotearlo cuando crea conveniente ¿Es esto una demostración práctica de lo que llamamos "democracia"? ¿O estamos ante un nuevo caso de vulneración de derechos fundamentales por parte del propio Estado que dice defendernos?

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